Las reformas propuestas buscan fortalecer la transparencia y eficiencia, pero también generan nuevos desafíos.
Tras casi 17 años de vigencia, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) se enfrenta a una reforma estructural. El proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado con carácter económico urgente por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, propone una renovación profunda del sistema de compras públicas del Ecuador.
Desde AEE Consulting, firma especializada en contratación pública y asesoría gubernamental, se observa con atención este proceso. Jorge Arias Erazo, gerente general de la firma, señala que las reformas representan “una oportunidad clave para corregir distorsiones, recuperar la confianza en el sistema y modernizar las herramientas tecnológicas que sostienen los procesos de compra pública”.
Más allá de una reforma: el fin de una era
Desde su entrada en vigor en 2008, la LOSNCP marcó un cambio de paradigma. Introdujo el uso obligatorio de plataformas digitales para los procesos de contratación y creó el Registro Único de Proveedores (RUP), una base de datos nacional que reemplazó registros individuales por entidad y eliminó el cobro por inscripción. Esta innovación democratizó el acceso a los procesos públicos, permitió mayor competencia y redujo barreras injustificadas. “El RUP marcó un antes y un después al facilitar que más proveedores accedan a oportunidades en todo el país”, enfatiza Arias.
¿Qué cambia ahora?
El proyecto elimina los procedimientos de menor cuantía y cotización, concentrando las compras en licitaciones públicas. Para la contratación de consultoría, desaparecen la lista corta y la contratación directa, privilegiando los concursos públicos.
También se incorpora el principio de “valor por dinero” y se incluye la posibilidad de realizar compras públicas enfocadas en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). A nivel tecnológico, se anuncia un nuevo portal que mejoraría la trazabilidad, control y seguridad informática frente a riesgos actuales.
Nuevas reglas, nuevas dudas
El proyecto plantea cambios importantes en la institucionalidad: el SERCOP se mantiene como ente rector, pero pierde la facultad de emitir normativa secundaria. Esa atribución pasará al reglamento presidencial, lo que podría traer mayor estabilidad, pero también exige claridad técnica en su implementación.
Además, aún quedan temas sensibles por resolver. AEE Consulting resalta la necesidad de definir mejor los márgenes de preferencia constitucionales (como localidad, tipo de proveedor o producción nacional), y sobre todo, de garantizar el pago oportuno a los contratistas. “Hoy en día vender al Estado implica asumir un desfase financiero y eso termina encareciendo los precios”, advierte Arias.
Una conversación pendiente
“Las reformas son un paso en la dirección correcta, pero no podemos hablar de transformación si no abordamos todo el ciclo de la contratación pública, incluyendo los pagos, la profesionalización y la estabilidad normativa”, concluye.