La protección de datos personales es un derecho constitucional en el Ecuador (Art. 66, num. 19), que garantiza a las personas el acceso, control y seguridad sobre su información. Este marco se fortalece con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), su Reglamento General (2023) y normativa complementaria.
¿Qué se entiende por tratamiento de datos personales?
Es cualquier operación realizada sobre datos personales, ya sea automatizada o manual, como: recolección, registro, almacenamiento, modificación, consulta, transferencia o eliminación.
Un ejemplo práctico: cuando una empresa custodia la base de datos de sus clientes, el responsable del tratamiento define cómo se usan y protegen esos datos.
Tipos de datos que requieren especial protección
La Ley reconoce como datos personales:
- Datos biométricos y genéticos.
- Información crediticia, de salud o judicial.
- Identidad cultural, etnia, religión, ideología o filiación política.
- Condición migratoria, orientación sexual o género.
Derechos de los titulares
Toda persona puede ejercer sus derechos frente al tratamiento de sus datos:
- Acceso.
- Rectificación y actualización.
- Eliminación.
- Oposición.
- Portabilidad.
- Suspensión del tratamiento.
- No ser objeto de decisiones basadas solo en procesos automatizados.
Principios que rigen el tratamiento
El proceso debe basarse en principios como:
- Legalidad y lealtad.
- Transparencia y finalidad.
- Minimización y proporcionalidad.
- Confidencialidad y seguridad.
- Responsabilidad proactiva.
Actores del sistema
- Titular: persona natural cuyos datos son tratados.
- Responsable: decide la finalidad y tratamiento de los datos.
- Encargado: ejecuta el tratamiento en nombre del responsable.
- Delegado de Protección de Datos: supervisa el cumplimiento normativo y es enlace con la autoridad.
- Autoridad de Protección de Datos Personales: entidad pública que regula y controla el cumplimiento de la Ley.
Actualizaciones recientes
El 30 de abril de 2025, la Resolución Nº SPDP-SPD-2025-0006-R incorporó cláusulas obligatorias entre responsables, encargados y destinatarios para reforzar el cumplimiento de los principios y garantizar los derechos de los titulares.
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