Los cambios en los patrones de consumo global y la urgencia clim\u00e1tica han transformado la forma de entender el desarrollo. Hoy, producir y consumir de manera responsable no es una opci\u00f3n, sino una necesidad. En este escenario, las compras p\u00fablicas se han convertido en una poderosa palanca para impulsar modelos econ\u00f3micos m\u00e1s sostenibles e inclusivos.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2015, la Agenda 2030 de Naciones Unidas promueve 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos, el ODS 12 que llama a garantizar modalidades sostenibles de producci\u00f3n y consumo. Con este marco, gobiernos de todo el mundo han comenzado a reorientar sus contrataciones p\u00fablicas para fomentar el empleo digno, reducir la huella ambiental y promover la innovaci\u00f3n social (UNEP<\/a>).<\/p>\n\n\n\n En Ecuador, la Constituci\u00f3n establece que las compras p\u00fablicas deben regirse por criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad ambiental y social. El art\u00edculo 288, adem\u00e1s, prioriza los productos y servicios nacionales, en particular los de la econom\u00eda popular y solidaria y de las micro, peque\u00f1as y medianas unidades productivas. Esta visi\u00f3n se alinea plenamente con los principios del desarrollo sostenible. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, la normativa secundaria, los procedimientos vigentes y los h\u00e1bitos de consumo de las entidades estatales a\u00fan no reflejan este mandato constitucional ni las nuevas tendencias internacionales.<\/p>\n\n\n\n